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Dr. Armando José Marchetti · Especialista en Medicina Legal y en Medicina del Trabajo
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Dr. Armando José Marchetti
Médico, especialista en Medicina Legal y en Medicina del Trabajo.
Con 15 años de experiencia traduciendo la complejidad biológica al lenguaje del derecho, para contribuir a sentencias justas.
Como médico especialista en Medicina Legal, entiendo que una pericia no es solo un informe médico, sino una pieza fundamental en la búsqueda de justicia. Haber ejercido la cirugía durante 25 años me permite una visión integral de las lesiones y sus consecuencias.
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Casos y análisis · Aprendizaje · N.º 1
Preocupacional, preexistencia y deber de seguridad
Dr. Armando José Marchetti · Consultoría en Medicina Legal
Nota de aprendizaje sobre un caso laboral: una hernia inguinal preexistente que el examen de ingreso no detectó, una tarea de esfuerzo identificada en el mapa de riesgos y un atascamiento durante una maniobra.
En 2024, una empresa de logística contrata a un operario de 38 años para tareas de carga y descarga en depósito. El puesto implica manipulación manual de bultos de hasta 25 kg durante toda la jornada, y así figura en el relevamiento de riesgos de la propia empresa.
El examen preocupacional, realizado por un prestador contratado por el empleador, concluye “apto”. La orden de examen describe el puesto con una sola palabra, “operario”. El formulario consigna “examen físico normal”, sin descripción por regiones, y no incluye la declaración jurada de antecedentes del postulante.
Cuatro meses después, ese mismo año, al levantar una bolsa, el trabajador siente un dolor inguinal súbito y nota una tumoración que no puede reducir. En la guardia se diagnostica una hernia inguinoescrotal derecha atascada. Se opera de urgencia: hernioplastia con malla, con asa intestinal viable y sin resección. En la historia clínica el cirujano anota: “refiere bulto inguinal de años de evolución, que se reducía solo”.
La ART rechaza la cobertura por tratarse de una “patología inculpable preexistente”. El trabajador demanda a su empleador por la reparación integral del daño.
¿Quién debía detectar esa hernia? ¿El atascamiento fue un accidente o la evolución natural de una enfermedad previa? ¿Y qué daño corresponde valorar?
Caso ilustrativo, construido a partir de situaciones frecuentes en la práctica pericial.
Cinco claves que, bien aplicadas, habrían evitado este juicio.
El examen preocupacional no es un requisito administrativo para completar un legajo. Es un examen médico con finalidad laboral: su propósito es determinar la aptitud del postulante para las tareas que se le asignarán y detectar patologías preexistentes (Res. SRT 37/2010, art. 2). Un formulario que dice “examen físico normal” y “apto” no documenta un examen; documenta un trámite.
La hernia inguinal se diagnostica, en la gran mayoría de los casos, con el examen físico (HerniaSurge Group, 2018). No requiere estudios: requiere tiempo, técnica y registro.
La aptitud se determina en función de las tareas que el postulante va a realizar. Si la empresa no las informa, el médico no puede correlacionar el examen físico con la exigencia ergonómica del puesto. “Operario” vale lo mismo para quien controla un tablero que para quien levanta 25 kg cien veces por día. Aquí la información existía en el mapa de riesgos de la empresa (Res. SRT 886/2015), pero no llegó al consultorio.
La empresa elige al prestador, y con él elige el nivel de su examen. Un médico que no sabe explorar la región inguinal con las maniobras correspondientes expone a la empresa a un reclamo como el de este caso, porque lo que no se buscó no se encuentra, y lo que no se encuentra no se registra.
Además, que el postulante no mencione una hernia no siempre significa que la haya ocultado. Muchas hernias son pequeñas, reductibles y asintomáticas o mínimamente sintomáticas; las guías internacionales admiten incluso no operarlas de inmediato en esos casos (Fitzgibbons et al., 2006; HerniaSurge Group, 2018). Una parte de quienes las portan desconoce su existencia, y el diagnóstico surge recién en un examen bien realizado.
Lo mismo ocurre con las eventraciones, hernias a través de una cicatriz quirúrgica: el postulante puede creer que el abultamiento es “parte de la cicatriz”. Solo un examen con maniobras de esfuerzo lo pone en evidencia.
El silencio del postulante solo es relevante si se le preguntó, si conocía su patología y si el examen era capaz de detectarla. Cuando el examen fue deficiente, la falta de declaración pierde casi todo su peso.
Detectar la hernia no alcanza. El hallazgo debe quedar consignado con lado, localización, tamaño aproximado, reductibilidad y respuesta a las maniobras, y debe acompañarse de sugerencias concretas vinculadas con la exigencia ergonómica del puesto: por ejemplo, evitar tareas de levantamiento de cargas hasta su resolución quirúrgica, asignar transitoriamente tareas sin esfuerzo y reevaluar después del alta.
Ese registro no es un obstáculo para contratar: es la forma de hacerlo bien. La ley excluye de la cobertura las incapacidades preexistentes acreditadas en el examen preocupacional (Ley 24.557, art. 6, ap. 3). Lo que se escribe al ingreso es la prueba del estado anterior; lo que no se escribe, después no se puede probar.
Con independencia de lo que se resuelva sobre la aptitud, el postulante debe ser informado de todo hallazgo de su examen, con las sugerencias correspondientes y la orientación para consultar y resolver su situación: en este caso, la evaluación por un cirujano. Es un deber profesional del médico que examina y un derecho del examinado a la información sobre su salud (Ley 26.529, art. 2, inc. f). Conviene que la notificación quede por escrito y firmada. Un trabajador que conoce su hernia puede operarse en forma programada, antes de que una maniobra la complique.
Un examen de ingreso bien hecho protege a todos: al trabajador, que conoce su situación y puede resolverla a tiempo; a la empresa, que acredita el estado anterior y asigna tareas compatibles; y al médico examinador, que con un examen completo y bien documentado se resguarda de un reclamo por responsabilidad profesional. En este caso, cada una de estas cinco claves habría evitado el juicio.
Fundamento: Res. SRT 37/2010, arts. 2 y 7 y Anexo I. Res. SRT 886/2015. Ley 24.557, art. 6. Ley 26.529, art. 2. HerniaSurge Group. Hernia 2018;22(1):1-165. Fitzgibbons RJ et al. JAMA 2006;295(3):285-292.
Una enfermedad previa, un esfuerzo laboral y un daño nuevo.
Bulto de años de evolución, reductible, referido por el propio trabajador. Existía antes del ingreso y no fue causada por el trabajo.
Levantamiento de carga durante la jornada, en una tarea propia del puesto. Relación temporal inmediata con el inicio del cuadro.
Cirugía de urgencia en lugar de una cirugía programada, con su mayor riesgo, el período de incapacidad y las secuelas que se objetiven.
Sobre el origen de la hernia, la evidencia es prudente: una revisión sistemática concluyó que no hay datos epidemiológicos suficientes para afirmar una relación causal entre exposiciones mecánicas laborales específicas y la aparición de la hernia inguinal (Svendsen et al., 2012). Un estudio longitudinal posterior halló asociación solo para la hernia lateral y la bipedestación prolongada (Vad et al., 2017). Sostener que el trabajo “causó” la hernia sería, en este caso, difícil de fundar.
El atascamiento es otra cosa. En hernias poco sintomáticas el riesgo de complicación aguda es bajo: en un ensayo clínico se registraron 1,8 atascamientos cada 1.000 pacientes-año (Fitzgibbons et al., 2006). Que una hernia reductible durante años se atasque precisamente durante una maniobra de esfuerzo, en el lugar de trabajo, reúne los criterios cronológico, topográfico y de adecuación del mecanismo: el aumento brusco de la presión intraabdominal es un mecanismo idóneo.
La preexistencia no excluye el accidente. Cuando un esfuerzo laboral descompensa una patología previa, el perito debe separar lo que ya estaba de lo que el hecho agregó, y valorar solo esto último.
Fundamento: Svendsen SW et al. Scand J Work Environ Health 2012;39(1):5-26. Vad MV et al. Occup Environ Med 2017;74(11):769-775. Fitzgibbons RJ et al. JAMA 2006;295(3):285-292.
El rechazo no es necesariamente arbitrario: la aseguradora puede discutir si el episodio constituye o no un accidente. Pero la ley vincula la exclusión de la preexistencia a su acreditación en el preocupacional, y ese registro no existía.
Para el empleador, el preocupacional no es un trámite: es la única forma de acreditar el estado anterior del trabajador. Lo que no se registra al ingreso, después no se puede probar.
Fundamento: Ley 24.557, art. 6, aps. 1 y 3.
Qué daño se mide, cómo se objetiva y cómo se distribuye.
Primero se separa lo que ya estaba; después se objetiva lo que quedó; y recién al final se busca el ítem del baremo. Ese orden es lo que hace que la conclusión resista una impugnación.
Fundamento: HerniaSurge Group. Hernia 2018;22(1):1-165.
Describir la tarea concreta y su exigencia ergonómica, contratar un examen competente, exigir la declaración jurada y actuar según las sugerencias del médico.
Examinar la región inguinal en decúbito y de pie, con maniobras de Valsalva; consignar todo hallazgo, vincularlo con la exigencia del puesto e informar al postulante.
Debe declarar las patologías que conoce. Pero si ignoraba su hernia, o nadie se lo preguntó, su silencio no puede leerse como disimulación.
La aseguradora, por su parte, debió analizar si el episodio constituía un suceso súbito en ocasión del trabajo, antes de invocar una preexistencia que nadie había acreditado. El caso no tiene un único responsable, y una buena pericia no necesita encontrarlo. Su función es establecer con precisión qué existía antes, qué agregó el hecho y qué secuela quedó. Con esos tres datos bien fundados, el juez puede distribuir las responsabilidades.
El mejor momento para resolver este juicio fue el día del examen de ingreso. Un preocupacional completo protege al trabajador, protege a la empresa y le da al perito el dato que más necesita: el estado anterior.
Describa la tarea real del puesto, no solo su denominación, y exija un examen completo realizado por un profesional que sepa examinar. Un “apto” genérico no protege a nadie; un examen dirigido al riesgo del puesto, con hallazgos registrados e informados, evita juicios como este.
En estos casos la discusión médica se centra en tres preguntas: qué existía antes, qué agregó el hecho y qué secuela quedó. Pida que la pericia las responda por separado y con fundamento.
Declarar los antecedentes que uno conoce no es un riesgo: es lo que permite que la preexistencia se distinga del daño nuevo, y que este último sea reconocido.
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Dr. Armando José Marchetti
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Consultar un casoGuías para abogados
Siete fallas de método que debilitan un dictamen y que una revisión técnica puede detectar a tiempo.
Dr. Armando José Marchetti · Consultoría en Medicina Legal
Cuando el juez designa un perito médico de oficio, las dos partes saben que ese informe suele ser la prueba que termina definiendo el resultado del juicio. Sin embargo, el juez no está obligado a seguirlo: valora su fuerza probatoria según los principios científicos en que se funda, su concordancia con las reglas de la sana crítica y las observaciones de los consultores técnicos y de los letrados (art. 477 del CPCCN; los códigos procesales provinciales contienen normas equivalentes).
Por eso, la revisión sistemática de la pericia oficial permite detectar errores que, bien señalados, fortalecen la posición del cliente y dan sustento al informe del perito de parte. Esta lectura crítica es igualmente válida cuando se actúa por la parte actora o por la demandada.
| N.º | Error | Qué debilita |
|---|---|---|
| 1 | Historia clínica reconstruida, no verificada | La base documental |
| 2 | Baremo aplicado sin razonamiento clínico | El porcentaje de incapacidad |
| 3 | Desconocimiento de la metodología de valoración | La elección y el cálculo del baremo |
| 4 | Nexo causal no desarrollado | La relación entre el hecho y el daño |
| 5 | Examen físico descrito de forma genérica | La prueba objetiva |
| 6 | Estudios citados pero no analizados | La correlación clínica |
| 7 | Conclusiones desconectadas del informe | La coherencia del dictamen |
Uno de los errores más frecuentes es aceptar el relato del examinado como dato clínico definitivo, sin contrastarlo con la documentación médica real: historias clínicas, estudios previos, constancias de atención. Un informe que se apoya únicamente en «el actor refiere que...», sin verificación documental, pierde solidez probatoria.
Es un punto clave para la parte demandada, que suele encontrar aquí su principal línea de observación. Para la parte actora, aportar la documentación completa desde la primera atención previene esa crítica.
Por qué importa: la diferencia entre lo referido y lo documentado es, muchas veces, el punto exacto donde se construye una impugnación exitosa.
Elegir un porcentaje de incapacidad de una tabla y transcribirlo no es lo mismo que fundamentar por qué ese porcentaje —y no otro— corresponde al caso concreto. Los baremos son herramientas de referencia, no calculadoras automáticas: requieren correlacionar el cuadro clínico, los estudios complementarios y la evolución con el criterio del baremo aplicado.
Por qué importa: un porcentaje sin razonamiento clínico explícito es exactamente el tipo de conclusión que un juez —o un perito de parte con buenos argumentos— puede cuestionar con cierta facilidad.
Con frecuencia, el perito de oficio es un profesional excelente y reconocido en su especialidad clínica, pero no es médico legista. Esa mirada, centrada en la propia especialidad, puede dejar en segundo plano la metodología específica de la valoración del daño corporal. Algunos ejemplos habituales:
Por qué importa: el desconocimiento de los baremos conduce a errores metodológicos de aplicación que exponen el informe a impugnaciones, aun cuando el diagnóstico clínico sea correcto.
Muchos informes concluyen una incapacidad sin desarrollar, de forma clara y fundamentada, el nexo de causalidad —o de concausalidad— entre el hecho investigado y la lesión evaluada. Se da por sobreentendido lo que, jurídicamente, necesita estar probado.
Por qué importa: sin un nexo causal explícito y fundamentado, la incapacidad determinada queda expuesta a una impugnación de fondo, no solo de forma.
Frases como «limitación funcional leve» o «dolor a la palpación», sin especificar las maniobras semiológicas realizadas, los rangos de movilidad objetivados o las escalas utilizadas, debilitan enormemente el valor probatorio del examen físico. La pericia debe poder ser reproducida y verificada por otro profesional a partir de lo escrito.
Por qué importa: un examen físico bien documentado es, muchas veces, la diferencia entre un informe que resiste una impugnación y uno que no.
Es común ver informes que enumeran una lista de estudios —radiografías, resonancias, electromiografías— sin un análisis crítico de sus hallazgos ni de su correlación con la clínica. Adjuntar no es lo mismo que fundamentar.
Por qué importa: un estudio complementario sin interpretación clínica explícita es un dato suelto, no una prueba consolidada.
El último error, y quizás el más revelador: conclusiones que no se desprenden lógicamente de lo desarrollado en el resto del informe. Ocurre cuando el perito arrastra plantillas de otros casos sin adaptar por completo el razonamiento al caso concreto.
Por qué importa: un informe coherente debe poder leerse de atrás para adelante —de la conclusión al examen físico— sin encontrar saltos lógicos.
Ninguno de estos siete puntos es un error de conocimiento médico puro. Son errores de método: de rigor documental, de razonamiento explícito, de correlación entre lo observado y lo concluido. Y es justamente ahí donde se define si una pericia sostiene un caso o lo debilita.
Revisarlos punto por punto, dentro del plazo procesal para pedir explicaciones u observar el dictamen —que es breve—, permite fundar la crítica con tiempo, en lugar de descubrir la debilidad cuando ya no hay margen para actuar.
Una pericia se sostiene por su método.
Revisión técnica de pericias oficiales y de la contraparte, pedidos de explicaciones, observaciones e impugnaciones con fundamento científico, para particulares, estudios jurídicos y empresas.
Dr. Armando José Marchetti · Consultoría en Medicina Legal
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